Por Burku Karakaş, periodista, corresponsal de Deutsche Welle en Turquía
En un país en el que la opresión política impregna nuestra vida cotidiana, hasta el punto de que cada día nos cuesta más respirar, soy una «periodista feminista»: veo la vida y el periodismo desde una perspectiva feminista. No se me ocurre otra forma de ver las cosas en Turquía, donde los derechos de las mujeres son constantemente atacados y no pasa un día sin que una mujer sea asesinada. Sin embargo, a pesar de esta realidad, debemos tener esperanza, ya que el movimiento feminista en Turquía da luz sobre la opresión de las mujeres en ese país.
Los regímenes autoritarios comparten muchos rasgos comunes, cuyo principal es atacar las conquistas en derechos humanos conseguidas después de largos años de lucha y dar prioridad al concepto de familia. Esta tendencia está claramente en juego en Turquía. Sin embargo, siempre hay que recordar que cuando hay un ataque, existe una defensa y, en la última década, Turquía ha sido testigo de un inspirador movimiento organizado de mujeres para luchar contra estos ataques sistemáticos a los derechos de las mujeres. Continuamente se nos somete a discursos que sostienen que desestructurar a las familias trastocaría a la sociedad y que la comunidad LGBTI+ amenaza el orden social. «Los que no forman una familia no están con nosotros», o «los que se divorcian son traidores» son ejemplos habituales de este discurso.
Turquía fue el primer país en ratificar en 2011 el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul. El Convenio, cuyo objetivo es eliminar la violencia de género y cuya aplicación es responsabilidad de los Estados, entró en vigor en agosto de 2014. Sin embargo, desde entonces Turquía no lo ha aplicado. De forma reveladora, organizaciones de medios de comunicación cercanos al gobierno y miembros de la comunidad religiosa conservadora han argumentado en repetidas ocasiones que el convenio «ha estado perturbando a la institución de la familia» y han exigido su anulación, alegando que ha aumentado el número de casos de divorcio. Estas acusaciones infundadas se basan principalmente en el aumento del número de mujeres que solicitan el divorcio y en la creciente intolerancia hacia las mujeres que toman en sus manos las decisiones sobre su propia vida.
