“Una mujer esterilizada posiblemente no sería esterilizada forzadamente si fuera de clase media o de clase alta. Y es que las políticas se dirigen no a todas las mujeres, sino a ciertos sectores de mujeres. Por eso es importante ‘una solidaridad radical en materia de género’, pues lo que produce daño a una mujer en una zona, en una comunidad andina o amazónica, nos agrede a todas”. Así, interpeló Giulia Tamayo León, abogada feminista y defensora de los derechos humanos, al movimiento de mujeres en 1999, en un contexto político adverso al Estado de Derecho en el Perú, donde se esterilizó a la fuerza a cerca de 300.000 mujeres.
Por Sara Cuentas Ramírez
La meta: esterilizar a las mujeres
Entre los años 1996 y 2000, según informes de la Defensoría del Pueblo, el gobierno de Alberto Fujimori esterilizó de manera forzada a más de 276.272 mujeres y 22.004 hombres de poblaciones quechuas, aymaras, shipibas, asháninkas, altoandinas, rurales y de zonas urbano marginales, mediante el “Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”, financiado por la Agencia Norteamericana de Cooperación (USAID en inglés), y hecho público por Fujimori ante la comunidad internacional en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995).
Según evidencia Giulia Tamayo, en su investigación sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998, ‘Nada Personal’, “el gobierno de Fujimori hablaba de metas a mediano plazo para reducir las cifras del crecimiento poblacional y la tasa de fecundidad desde 1991. El programa Nacional de Población, promulgado ese año, incluyó como meta la reducción de la tasa de fecundidad por mujer a 3,3 hijos”.
Entre los años 1992 y 1995 desde el poder Ejecutivo se promovieron políticas públicas encaminadas a legalizar la esterilización y promover que todos los centros de salud del país priorizaran la difusión sobre planificación familiar y el suministro gratuito de “la más amplia gama de métodos anticonceptivos”. Finalmente, el 6 de febrero de 1996, el Ministerio de Salud aprobó el “Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000” (PSRPF), firmado por el ministro, Eduardo Yong Motta. Y para evadir posibles acciones de rendición de cuentas y monitoreo, Fujimori trasladó el presupuesto de este programa al Ministerio de Economía y Finanzas. Con estos cambios consolidó su liderazgo y control directo sobre el mismo.
Giulia Tamayo señaló que el PSRPF se focalizó hacia los sectores más pobres del país, sobre todo las mujeres. “Fujimori consideraba que el control de la natalidad era una buena estrategia para reducir la pobreza”. Además, resalta: “En Perú la esterilización es gratuita, mientras la asistencia médica por parto es de las más caras de Latinoamérica”.
Las denuncias de esterilizaciones recogidas por Giulia Tamayo vinieron de las zonas más pobres del Perú (Huancavelica, Piura, Ayacucho, Cuzco, Apurímac, La Libertad, Puno y Cajamarca). Por este motivo, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (CLADEM) sostiene que “las esterilizaciones son un delito de lesa humanidad, pues hubo directivas y una política de estado enfocada ‘hacia los sectores más vulnerables’ que determinan la figura delictiva de genocidio”.
Los métodos coercitivos del personal de salud
Como parte del PSRPF, en todos los centros de salud se organizaron “Festivales de salud” o “Campañas de AQV” con el objetivo de inducir a las mujeres el utilizar métodos definitivos de planificación 
familiar, especialmente la AQV, irreversible para las mujeres. Así, se buscó lograr efectividad en la campaña de “captación” (término utilizado literalmente por el Ministerio de Salud).
Tamayo evidenció que “a los centros de salud y su personal les fijaron cuotas de esterilizaciones y, desde el Ministerio les instaron a cumplirlas mediante promesas de bonificaciones y amenazas de sanciones”. Así, el personal de salud en su integralidad empleó diversos mecanismos de presión. “Engañaron a las mujeres, no revelándoles la verdadera intención de la operación, ni diciéndoles que era reversible. Emplearon amenazas o promesas de que, a cambio de esterilizarse, recibirían dinero o alimentos. Realizaron esterilizaciones contra la voluntad expresa de las mujeres. En otros casos, no informaron nada a la interesada y aprovecharon su paso por el hospital por otro motivo, como un parto, para esterilizarlas”.
Esperanza Guayama, Vicepresidenta del Comité de Defensa de Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (CDME), explica: “En 1996 aparecieron un doctor y una enfermera en mi Caserío de Rodeopampa. Nos dijeron que mejor nos hiciéramos la ligadura (AQV), para que ya no tuviéramos más hijos. Dijeron que era una orden del Gobierno. Me pusieron la anestesia y me pasaron a un cuarto para operarme. Al rato escuché que una enfermera dijo: “¡La señora estaba embarazada!”, al parecer tenía 3 meses, pero no me había dado cuenta. Yo sentía que me venía mucha hemorragia. Le supliqué al médico que no me operara, que prefería tener a mi hijo, pero no me hizo caso. Me hizo la ligadura de una de las trompas. Continué el embarazo hasta los 8 meses, cuando di a luz el bebé estaba muerto.”
De otro lado, Porfiria Peña, prima de Gregoria Peña a quien esterilizaron sin su consentimiento, narra: “En 1996, llegaron las enfermeras de la Posta Médica de Sóndor a su comunidad, para prometer que si se hacían la AQV les iban a dar alimentos, medicinas y ayuda toda la vida. Ella no aceptó porque no confiaba, y trataron de convencer a su mamá pero no pudieron. Entonces, la llevaron a la fuerza. Vinieron en una ambulancia y la llevaron al centro de salud Huancabamba. Le cogieron a la fuerza, le quitaron la ropa y le pusieron sobre una cama, ahí la operaron, no se dio cuenta lo que le hicieron. Ella como era muda y analfabeta no le hicieron firmar nada, y presionaron a la mamá para que firme el consentimiento.”
Todo el personal médico en su totalidad, en hospitales y centros de salud rurales, estuvo implicado en la aplicación de las esterilizaciones forzadas. Así lo evidencian las denuncias testimoniales de las mujeres esterilizadas. Su silencio y complicidad generó impunidad.
Un desafío pendiente: Verdad, Justicia y Reparación
La exigencia de Verdad, Justicia y Reparación supone un gran desgaste y desafío para las demandantes. “Son más de cinco archivamientos sucesivos. Ha habido poca voluntad política de las autoridades en estos años. De un lado, la Fiscalía ha tenido pocos recursos, con fiscales de limitada experiencia en derechos humanos, género e interculturalidad, los cuales han recibido presión de los fujimoristas. De otro lado, existe un juego de intereses de algunas organizaciones y financieras, que no desean la verdad, pues erraron en sus apoyos económicos y profesionales al gobierno de Fujimori”, reflexiona María Esther Mogollón, activista del Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional.
Actualmente, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cuzco (AMAEFC), las integrantes del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (CDME) y las mujeres esterilizadas de otras regiones del país, continúan impulsando acciones de incidencia en la búsqueda de justicia ante los poderes públicos. Y demandan la solidaridad de la comunidad internacional para su vindicación. “Las mujeres esterilizadas continuaremos exigiendo justicia. Iremos ante todas las instancias para que los principales culpables como Fujimori y sus ministros paguen por sus delitos. Pedimos a todas las mujeres del mundo se sumen a esta lucha, por la Verdad, Justicia y Reparación”, expresa Esperanza Huayama.
