La historia de Rawad: Cómo las lagunas legales y la discriminación de género pueden convertir a los niños en víctimas

Rawassei Abd Al Jalil, periodista

El mes pasado, Bengasi amaneció conmocionada por una tragedia. Rawad, de diez años, fue hallado muerto, enterrado en el jardín de la casa de su tío. La mujer acusada de su asesinato fue identificada como la esposa de su tío. Según los informes, Rawad sufrió torturas prolongadas y graves abusos físicos antes de perder el conocimiento. En lugar de buscar ayuda médica urgente, la acusada contactó a su madre, quien no había visto a su hijo en cuatro años.

Esos cuatro años no fueron resultado de la distancia ni de una decisión propia. Fueron la consecuencia de una batalla por la custodia marcada por la coacción, el desequilibrio de poder y las deficiencias legales, que separaron a una madre de sus hijos y dejaron a un niño atrapado en un ciclo de abuso que, en última instancia, le costaría la vida.

El sufrimiento de Rawad comenzó mucho antes de su muerte. Según su madre, su padre inició una relación con la esposa de su hermano, un acto tipificado como delito en la ley libia. Cuando la madre de Rawad descubrió la relación, buscó justicia y denunció el caso a las autoridades. Según los informes, la policía arrestó a los implicados e incautó una cantidad considerable de narcóticos.

Sin embargo, mientras enfrentaba consecuencias legales, el padre presuntamente utilizó la custodia de los niños como moneda de cambio durante las negociaciones del divorcio. Obligó a la madre a renunciar a sus hijos, poniéndolos bajo su tutela legal mientras él estaba en prisión. Posteriormente, los niños quedaron al cuidado de su pareja, quien asumió la responsabilidad de criarlos.

La madre de Rawad describe años de intentos desesperados por contactar a sus hijos. Según su testimonio, su exmarido cambió de domicilio, cortó toda comunicación e impidió cualquier contacto entre ella y los niños. Afirmó además que inicialmente la presionaron para que abandonara a dos de sus hijos y posteriormente la obligaron a renunciar a la custodia de los demás para obtener el divorcio.

A lo largo de todo este proceso, persistieron las dudas sobre la idoneidad del padre como tutor y sobre si se llevaron a cabo las evaluaciones adecuadas para determinar la seguridad y el bienestar de los niños.

El asesinato de Rawad ha reavivado un debate más amplio sobre la vulnerabilidad de los niños en Libia y los desafíos que enfrentan las mujeres divorciadas al navegar por un sistema legal que a menudo les ofrece protección y apoyo limitados.

Para muchas mujeres divorciadas, criar hijos conlleva importantes dificultades económicas. Quienes carecen de fuentes de ingresos propias suelen enfrentar restricciones sociales que limitan su participación en el mercado laboral, mientras que otras carecen de acceso a oportunidades educativas que podrían brindarles un empleo estable. Estas realidades a menudo las convierten en mujeres económicamente dependientes y vulnerables.

Según la ley libia, una mujer puede perder la custodia de sus hijos si se vuelve a casar después del divorcio. Al mismo tiempo, los mecanismos de apoyo financiero siguen siendo insuficientes. En muchos casos, las madres reciben solo una modesta pensión alimenticia —a menudo alrededor de 250 dinares libios al mes— una cantidad que dista mucho de cubrir los gastos reales de alimentación, vivienda, atención médica, educación y necesidades básicas.

Para comprender mejor las dimensiones legales de estos problemas, hablamos con Dina Zaroug, abogada y activista social, quien destacó la brecha entre la legislación y la realidad que enfrentan las mujeres y los niños en Libia.

Lamentablemente, la legislación libia no se ha adaptado a los cambios sociales y políticos. Algunas leyes datan de la época del Reino. En el caso de las mujeres divorciadas, la ayuda económica que reciben es extremadamente limitada, considerando la situación económica y los problemas de seguridad que afrontan las familias hoy en día. Si una mujer recibe tan solo 250 dinares libios (aproximadamente 40 dólares estadounidenses) como manutención del padre, se espera que esta cantidad cubra la vivienda, la alimentación, la atención médica y las necesidades de los hijos. Es fácil imaginar la enorme brecha que existe entre las necesidades de las familias y lo que la ley les proporciona.

El sistema judicial libio también tiene dificultades para hacer cumplir las sentencias judiciales de manera efectiva debido a la inestabilidad política, los problemas de seguridad y las deficiencias del marco legal. Muchas leyes requieren enmiendas urgentes para reflejar la realidad surgida después de 2011 y las necesidades cambiantes de la sociedad libia.

Al preguntarle sobre los esfuerzos del gobierno para proteger a los niños vulnerables, Zaroug describió un panorama igualmente preocupante.

“Lamentablemente, los sucesivos gobiernos desde 2011 no han logrado establecer sistemas de apoyo ni centros de rehabilitación adecuados para los niños expuestos a la violencia doméstica, el abuso o el acoso dentro de sus propias familias. Hay poca protección y casi ninguna campaña de sensibilización sostenida centrada en los derechos de la infancia.

En algunos casos, las propias instituciones gubernamentales se convierten en parte del problema al reforzar normas sociales perjudiciales. Hemos visto repetidamente cómo mujeres que huyeron de entornos abusivos con sus hijos regresan al mismo ciclo de violencia del que escaparon, bajo la justificación de las costumbres y tradiciones sociales”.

El caso de Rawad no es un caso aislado
Es uno de los innumerables niños que viven tras puertas cerradas, expuestos a la violencia, el abandono y el abuso, que rara vez salen a la luz pública. Algunos han perdido a sus padres. Otros han sido víctimas de matrimonios rotos, disputas por la custodia y fallos institucionales. Muchos crecen privados de seguridad, afecto, estabilidad e incluso de las necesidades más básicas.

Detrás de cada estadística hay un niño con heridas invisibles, que anhela ser visto, protegido y escuchado.

La muerte de Rawad ha obligado a Libia a afrontar cuestiones difíciles sobre la protección infantil, los derechos de las mujeres y las consecuencias de los sistemas legales y sociales que no protegen a los más vulnerables.

La pregunta sigue en pie: ¿cuántos niños más deben perderse antes de que se produzca un cambio significativo? ¿Y quién vendrá a salvarlos?