Lana Kazkaz, periodista
Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, comenzaron a surgir informes sobre desapariciones y secuestros de mujeres y niñas pertenecientes a la comunidad alauí en distintas regiones de Siria, especialmente en la costa mediterránea y en partes de Homs, Hama y Suwayda.
Estas denuncias despertaron una profunda preocupación entre organizaciones locales e internacionales de derechos humanos debido a los testimonios que señalaban posibles casos de violencia sexual, extorsión, exigencias de rescate, matrimonios forzados y otras formas de violencia basadas en el género. Diversas fuentes también sugirieron que algunas víctimas habrían sido atacadas no solo por ser mujeres, sino también por su pertenencia a una minoría religiosa históricamente asociada al antiguo régimen (OHCHR, 2025; Amnesty International, 2025).
Aunque existe una marcada divergencia entre las denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos y la versión oficial de las autoridades sirias respecto a la magnitud y naturaleza de estos hechos, el fenómeno revela una problemática más profunda que trasciende los secuestros individuales. Se trata de la intersección entre la violencia de género, la polarización sectaria y las dinámicas sociales relacionadas con el honor y el estigma. En contextos de transición política y conflicto, los cuerpos de las mujeres suelen convertirse en espacios simbólicos donde se expresan disputas de poder, identidades colectivas y mecanismos de control social.
Este artículo se basa en informes de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación publicados hasta mediados de 2026. Asimismo, reconoce las limitaciones existentes para verificar de forma independiente todos los casos denunciados y las diferencias entre las fuentes disponibles.
El contexto posterior a 2024: violencia sectaria y transformación política
Los meses posteriores a la caída del régimen estuvieron marcados por una importante inestabilidad política y de seguridad. Las tensiones entre grupos armados vinculados a las nuevas autoridades y sectores leales al antiguo gobierno provocaron episodios de violencia, especialmente en regiones identificadas históricamente con la comunidad alauí.
En este contexto, organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes y familiares comenzaron a documentar denuncias sobre la desaparición de mujeres y niñas alauíes. Expertos de Naciones Unidas expresaron preocupación por la existencia de un patrón de desapariciones y secuestros dirigidos contra mujeres y niñas pertenecientes a esta minoría, e instaron a las autoridades sirias a llevar a cabo investigaciones imparciales y transparentes (OHCHR, 2025).
Amnistía Internacional también documentó múltiples casos de mujeres y niñas alauíes desaparecidas o presuntamente secuestradas entre febrero y julio de 2025, subrayando la necesidad de garantizar la rendición de cuentas y la protección de las víctimas. Paralelamente, investigaciones periodísticas independientes recopilaron testimonios de familias que denunciaron solicitudes de rescate, posibles traslados de víctimas fuera de Siria y desapariciones cuyo desenlace sigue siendo desconocido (Michael, 2025; Mroue, 2025).
Por su parte, las autoridades sirias sostuvieron que la mayoría de los casos denunciados respondían a conflictos familiares, fugas voluntarias o informaciones inexactas difundidas en redes sociales, afirmando que las investigaciones oficiales no habían encontrado pruebas de una campaña sistemática contra las mujeres alauíes (Mroue, 2025).
Aun así, la creciente sensación de inseguridad entre las comunidades afectadas constituye un elemento relevante para comprender el impacto social y político de estas denuncias.
Violencia interseccional: cuando género e identidad sectaria convergen
Para comprender mejor este fenómeno resulta útil recurrir al concepto de interseccionalidad desarrollado por Kimberlé Crenshaw (1989). Según esta perspectiva, las distintas formas de discriminación no operan de manera aislada, sino que se superponen y refuerzan mutuamente.
En el caso de las mujeres alauíes, la vulnerabilidad potencial no deriva únicamente de su condición de mujeres ni exclusivamente de su pertenencia a una minoría religiosa, sino de la interacción entre ambas identidades dentro de un contexto de conflicto, polarización política y tensiones sectarias.
Desde esta perspectiva, las denuncias de secuestros y agresiones pueden interpretarse como manifestaciones de una violencia interseccional que combina elementos de discriminación de género con dinámicas de exclusión y estigmatización comunitaria. Este enfoque permite comprender cómo los conflictos políticos pueden reproducir desigualdades sociales preexistentes y convertir a determinados grupos de mujeres en objetivos particularmente vulnerables (Crenshaw, 1989).
La violencia sexual como arma en los conflictos
La literatura académica sobre conflictos armados ha demostrado que la violencia sexual no siempre constituye un acto individual aislado. En numerosos contextos ha sido utilizada como una herramienta de intimidación colectiva, control social y destrucción del tejido comunitario (Wood, 2009).
En este sentido, las denuncias que incluyen agresiones sexuales, amenazas de matrimonio forzado o violencia basada en el género adquieren una dimensión que va más allá del daño individual. Cuando las mujeres son atacadas debido a su pertenencia a un grupo determinado, la violencia puede adquirir un significado simbólico dirigido contra toda la comunidad.
En sociedades donde las nociones de honor familiar continúan desempeñando un papel importante, las agresiones contra las mujeres pueden generar efectos que trascienden a las víctimas directas, afectando a familias enteras y reforzando dinámicas de miedo, control y exclusión social.
Del secuestro al estigma: una violencia que continúa después de la agresión
La experiencia de las víctimas no termina necesariamente con la liberación o el fin del cautiverio. En muchos casos, las supervivientes de violencia sexual enfrentan una segunda forma de victimización relacionada con el rechazo social y la estigmatización.
Diversos estudios realizados en Siria han mostrado que el miedo al estigma constituye uno de los principales obstáculos para denunciar agresiones sexuales. Muchas supervivientes temen ser culpabilizadas, rechazadas por sus familias o marginadas dentro de sus comunidades (Syrian Justice and Accountability Centre, 2017).
La presión social puede generar consecuencias profundas, incluyendo aislamiento, deterioro de las relaciones familiares, dificultades para acceder al matrimonio o incluso riesgos de violencia intrafamiliar. De este modo, el daño no proviene únicamente del acto violento original, sino también de las respuestas sociales que lo rodean.
Por esta razón, organizaciones feministas sirias han descrito esta situación como una forma de “violencia doble”: la violencia ejercida por el agresor y la violencia derivada del estigma que enfrentan posteriormente las supervivientes (Syrian Feminist Lobby, 2026).
Comparaciones internacionales: de Bosnia a las mujeres yazidíes
Las denuncias actuales no constituyen un fenómeno aislado en la historia contemporánea de los conflictos armados. Numerosos estudios han documentado el uso de secuestros, violaciones y matrimonios forzados como mecanismos de control y terror contra poblaciones específicas (Wood, 2009).
Uno de los ejemplos más conocidos corresponde a la guerra de Bosnia durante la década de 1990, donde la violencia sexual fue utilizada sistemáticamente contra mujeres pertenecientes a comunidades consideradas enemigas. Más recientemente, miles de mujeres yazidíes fueron secuestradas y sometidas a esclavitud sexual por el autodenominado Estado Islámico tras la ofensiva iniciada en Irak en 2014.
Aunque las circunstancias históricas, políticas y religiosas difieren significativamente de la situación siria actual, estos casos ilustran cómo los cuerpos de las mujeres pueden convertirse en espacios donde se expresan proyectos de dominación, exclusión y violencia colectiva.
La comparación no pretende equiparar automáticamente estos contextos, sino ofrecer herramientas analíticas para comprender mecanismos similares de vulnerabilidad y violencia.
Los desafíos de la documentación y la verificación
Determinar la magnitud exacta de los hechos sigue siendo una tarea compleja. La inseguridad persistente, el temor a represalias y la ausencia de mecanismos confiables de denuncia dificultan la recopilación de información verificable.
Por ello, las cifras disponibles deben interpretarse con cautela. Mientras organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes sostienen haber documentado decenas de casos, las autoridades continúan cuestionando la existencia de una campaña organizada de secuestros (Amnesty International, 2025; Mroue, 2025).
Esta divergencia pone de manifiesto la necesidad de investigaciones independientes y transparentes capaces de establecer los hechos de manera rigurosa y contribuir a la protección efectiva de las víctimas.
Apoyo a las supervivientes: de la respuesta humanitaria a la justicia
La respuesta a esta problemática requiere acciones coordinadas en distintos niveles. En primer lugar, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de protección para mujeres y niñas en situación de riesgo, incluyendo canales seguros de denuncia, personal especializado en violencia de género y garantías efectivas para testigos y familiares.
Asimismo, las supervivientes necesitan acceso a apoyo psicológico, asistencia social y acompañamiento jurídico que tenga en cuenta las sensibilidades culturales y comunitarias existentes.
Finalmente, cualquier proceso futuro de justicia transicional en Siria deberá incorporar mecanismos específicos para investigar los crímenes de violencia sexual y basada en el género, garantizando que los responsables rindan cuentas independientemente de su afiliación política o militar (OHCHR, 2025).
Conclusión
La situación de las mujeres alauíes en la Siria posterior a 2024 pone de relieve la compleja interacción entre violencia de género, polarización sectaria e inestabilidad política. Más allá de las controversias sobre el alcance exacto de los hechos denunciados, las informaciones disponibles reflejan la vulnerabilidad específica que enfrentan las mujeres en contextos de conflicto y transición.
Garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos basadas en el género constituye un componente esencial de cualquier proceso de reconciliación nacional y construcción de paz sostenible (OHCHR, 2025; Amnesty International, 2025).
La protección de las mujeres no es únicamente una cuestión humanitaria; es también un indicador fundamental de la capacidad de una sociedad para construir justicia, confianza institucional y convivencia democrática después de la violencia.
Referencias
• Amnesty International. (2025). Syria: Authorities Must Investigate Abductions of Alawite Women and Girls.
• Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. University of Chicago Legal Forum.
• Michael, M. (2025). She’s Not Coming Back: Alawite Women Snatched from Streets of Syria. Reuters.
• Mroue, B. (2025). A Year After Assad’s Fall in Syria, Alawite Women Face Kidnappings and Rape. Associated Press.
• Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2025). Syria: UN Experts Alarmed by Targeted Abductions and Disappearances of Alawite Women and Girls.
• Syrian Feminist Lobby. (2026). The Abduction of Syrian Women: A War on Dignity.
• Syrian Justice and Accountability Centre (SJAC). (2017). Societal Attitudes toward Sexual and Gender-Based Violence in Syria.
• Wood, E. J. (2009). Armed Groups and Sexual Violence: When Is Wartime Rape Rare? Politics & Society.
