Feminicidios en Italia: ¿qué hacer?

Paola Milli, periodista de AMMPE – Italia

Código Rojo reforzado 2.0, la medida que el Parlamento aún no ha aprobado. Ante una tragedia tan grande, es más necesario que nunca actuar sobre la ley y denunciar las situaciones de riesgo de las que se tiene conocimiento, si las víctimas de la violencia no tienen el valor de hacerlo.

Las mujeres en Italia siguen siendo asesinadas casi siempre por sus maridos, parejas o exparejas, según revelan los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, cuyo balance del año en curso se actualiza constantemente. El fenómeno, alimentado por una concepción social machista basada en el patriarcado, es transversal a todas las clases sociales, la edad media de las víctimas es de 55 años, muchas de ellas ya habían denunciado malos tratos, acoso o violencia doméstica. En 2024 se produjeron 120 asesinatos de mujeres en Italia.

En los primeros siete meses del año en curso se registraron 60 feminicidios, 38 de los cuales fueron cometidos por parejas o exparejas. La cifra asciende a 70 si se cuentan las mujeres asesinadas en octubre. El 28 de octubre de 2025, en Véneto, otra mujer fue asesinada por su marido, al que había denunciado anteriormente por maltrato, pero posteriormente retiró la denuncia y el hombre se quitó la pulsera que estaba obligado a llevar. La pulsera electrónica se introdujo en Italia de forma experimental en 2001 como medida alternativa al encarcelamiento, pero la aprobación en 2019 del Código Rojo la convirtió también en un instrumento de prevención de delitos relacionados con la violencia doméstica y de género.

En 2023, tras la aprobación de la ley 168, la pulsera electrónica se aplicó también a las personas acusadas de “delitos espía” de feminicidio, como el acoso y los malos tratos. Equipada con un sistema de geolocalización por satélite, permite controlar los movimientos de la persona que la lleva puesta. La víctima también cuenta con un dispositivo capaz de detectar la presencia del agresor en las proximidades y enviar la alarma a las fuerzas del orden. No obstante, la escasez de pulseras en número suficiente para satisfacer las necesidades actuales y la fiabilidad del dispositivo electrónico hacen que no sea una herramienta capaz de frenar el fenómeno.

Sería necesario que globalmente formáramos parte del sistema inmunológico de aquellas personas que sufren violencia y no pueden denunciarla. Es justo prever una forma de denuncia anónima si, por otra parte, las fuerzas del orden encargadas de la protección muestran la sensibilidad adecuada, ya que, además de las denuncias no presentadas, se registran muchas solicitudes de ayuda a las autoridades que no han tenido seguimiento.

En el Parlamento hay una propuesta de ley que prevé la introducción del “Código Rojo reforzado 2.0”, que contempla la obligación de llevar una pulsera electrónica para quienes sean denunciados por violencia doméstica o acoso, incluso antes de la validación del juez. Además, dispone de una vigilancia activa gracias a la inteligencia artificial, que cruza datos de denuncias, informes médicos y avisos para identificar situaciones de riesgo. Ofrece refugios en un plazo de 24 horas para las mujeres que presentan una denuncia, con cobertura estatal durante los primeros tres meses, y suspende inmediatamente la patria potestad en los casos de violencia presenciada por menores.

El 23 de julio de 2025, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley 1433 que tipifica como delito el feminicidio, pero sin recursos para la prevención, la formación y la acogida, la nueva norma corre el riesgo de quedarse en un mero símbolo. Las experiencias internacionales demuestran que la punibilidad por sí sola no basta: se necesita un cambio estructural. En Europa, los países que ya han legislado contra los feminicidios son Croacia, Chipre y Malta. El marco de referencia es el del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul. En ningún país la introducción del delito ha supuesto una disminución del número de casos de feminicidio o violencia.

La V Comisión Permanente de Prevención «Programación Económica y Presupuesto» ha declarado que la lucha contra el feminicidio y la violencia debe llevarse a cabo según el principio de invariancia financiera a cargo del Estado, es decir, sin ninguna previsión de recursos económicos.

Para combatir un fenómeno cultural tan arraigado se necesitan intervenciones más estructurales, que solo son posibles con la asignación de fondos. Sin recursos para la formación obligatoria de los operadores de justicia o en las escuelas, la protección y la prevención serán imposibles de llevar a cabo. Se han identificado recursos para ayudar a los huérfanos de feminicidio: la ley les asigna 10 millones de euros, ayudas que se aplicarán a todos los menores privados de su madre si esta ha sido asesinada por ser mujer, incluso si el asesino no tenía ningún vínculo afectivo con ella, ni en el momento ni antes del hecho. También se aplicará a los hijos de mujeres que hayan sobrevivido a intentos de feminicidio, pero que hayan quedado gravemente afectadas hasta el punto de no poder cuidar de sus hijos.