
Leonor Pérez-Durand, periodista TeleoLeo.com
En los últimos años la violencia contra las mujeres no ha hecho más que aumentar, ello es el síntoma de una sociedad patriarcal capitalista donde todas las violencias se reproducen en los cuerpos de las mujeres, de las infancias, de las disidencias y de las desobediencias, cuerpos sobre los cuales los hombres cumplen el mandato de masculinidad que no es otra cosa que la demostración de poder, de potencia, de tomar por la fuerza a quien se considera objeto de placer y de propiedad, y para ello son capaces de actos de crueldad que pueden llegar a la escala más alta de la violencia: suprimir la vida de quien se opone a sus designios, de quien se rebela.
Es por ello que ni el señalamiento social ni la justicia punitiva están logrando su cometido, acabar con la violencia contra mujeres, infancias y personas vulnerables, porque los hombres que agreden son en sí mismos víctimas de las creencias que les inculcan desde que nacen: los hombres no lloran, no expresan sus sentimientos, porque eso es cosa de niñas, y a la par se les inculca que deben ser fuertes, competitivos, proveedores, conquistadores, que deben tener éxito y, para no alterar el orden establecido, deben siempre ganar más que una mujer, que su mujer; a la par, nosotras las mujeres, somos educadas en el servicio y la sumisión.
No se entienda nada de lo dicho como la exculpación de los hombres crueles, pero demostrado está que el castigo penal no los disuade de dañar. Encerrar a un agresor, a un feminicida, no acaba con el problema solo aborda el efecto, no la causa, por ello, mientras no haya un cambio de paradigma en la educación, en la socialización, que rompa con el mandato de género, seguiremos fabricando agresores y víctimas propicias.
Violencia de género: el iceberg y la política de crueldad
Cuando hablamos de violencia de género hablamos de feminicidios, de agresiones físicas, sexuales o psicológicas; de infancias rotas arrancadas del lado de su figura de protección, sus madres, o de infancias asesinadas por sus padres para castigar a la mujer desobediente que rompió con la sumisión impuesta. Esta política de crueldad contra las y los más vulnerables también está siendo ejecutada por menores de edad a través del acoso escolar, pero también de agresiones sexuales, lo cual está siendo causa de suicidios. Esto nos demuestra no sólo que las violencias deben ser neutralizadas desde la base del conocido iceberg, sino también desde la primera infancia a través de la educación y de la socialización empática y amorosa de las criaturas.
Entre las violencias de género que más ponemos el foco están aquellas que dejan huella, aquellas en las que la sangre y los hematomas testifican, y entre las que menos reparamos cuando leemos las estadísticas están la económica y la institucional. Sin embargo, estas expresiones de la violencia de género, por su afectación a la vida de las mujeres no dejan de tener suma importancia. La primera opera cada vez que un padre se niega a pagar la pensión de sus hijos, los extraescolares e incluso, tratamientos médicos no contemplados en la insuficiente cobertura de la seguridad social; o cuando interpone a su ex pareja una retahíla de juicios para empobrecerla, vengarse y demostrarle que sin él no puede salir adelante.
«Sin violencia institucional no existiría violencia de género»
La frase pertenece a una madre víctima de violencia vicaria y sabía bien lo que decía, ella había denunciado a su ex pareja por violencias varias y había perdido la tenencia de sus hijos porque como no querían visitas con el agresor, este la demandó, la condenaron por falso síndrome de alienación parental (SAP) y perdió la guarda de sus hijos que fueron ingresados a un centro de menores; a consecuencia de esto su hija de 13 años de edad intentó suicidarse, pero al padre de las criaturas, eso no le importa, sigue firme en que sus hijos sigan alejados de la única persona que siempre los ha protegido, su madre, y la justicia patriarcal lo avala.
El SAP no está reconocido por organismos internacionales como la OMS y la ONU ha llamado la atención a España por usarlo en sus resoluciones judiciales a través de eufemismos como: la madre manipula, la madre instrumentaliza, acusándola porque los hijos rehúsan mantener relación con quien maltrató a su madre y en consecuencia a ellos mismos, tal como lo recoge la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El uso del SAP en las sentencias, siempre se hace en contra de las madres y por ello refuerza la violencia institucional sobre los cuerpos de las mujeres.
La violencia institucional nos alcanza cada vez que presentamos una denuncia y nos enfrentamos a la desconfianza. Históricamente, nuestros cuerpos, nuestra apariencia y nuestras actitudes han sido una constante fuente de sospecha; siempre hemos sido las brujas, las mentirosas o las embaucadoras. Esta incredulidad se debe a que nuestras formas de expresión y nuestras voces resultan ajenas a los códigos del poder, esto sucede, incluso, cuando quien ejerce ese poder es otra mujer pues para mantener la autoridad lograda se ve obligada a asumir las formas y la voz del patriarcado, travistiéndose interna y externamente para demostrar su alineamiento con el orden establecido.
El silencio de las cifras: miedo y revictimización judicial
Según el portal Feminicidio.net, hasta el 4 de noviembre de este año se han producido 75 feminicidios, en promedio cada mes 8 mujeres han sido asesinadas por su condición de mujer. En 2024 se registraron 95, repitiéndose la tendencia de 8 feminicidios al mes; estas cifras incluyen a mujeres españolas y migrantes.
Según un estudio del Ministerio de Igualdad entre 2003 y 2017, el 32% de mujeres asesinadas por su condición de mujer eran migrantes, y desmintiendo los bulos de la extrema derecha amiga del patriarcado: el 69% de asesinos eran españoles, el 31% restante, extranjeros.
Si nos referimos a las denuncias de violencia de género, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2024 se presentaron 199.094 y la tendencia de crecimiento se mantiene: en la comparación trimestral, hasta el segundo trimestre de 2024 se registraron 50.536 denuncias, cifra que ascendió a 50.737 en el mismo periodo de este 2025.
Las cifras del Ministerio de Igualdad confirman que, a pesar de todas las leyes y de los aumentos de penas, lejos de acabar con la violencia contra las mujeres, desde 2016 a la fecha los casos de violencia de género atendidos han aumentado en casi un 100%, pues mientras en 2016 registraron 52.635, en lo que va de 2025 llevan ya 104.981.
El temor y la revictimización judicial: retirada de denuncias para evitar daños mayores
Ruth es una mujer con autismo que denunció a su pareja por agresión sexual, pues según ella tras parir la obligaba a tener sexo, incluso, con su bebé durmiendo en la misma cama. En el proceso de separación sus abogados le recomendaron retirar su denuncia para llegar a un acuerdo con el supuesto agresor sobre la custodia de su pequeña «Me dijeron que si declaraba en su contra él iba a pedir la custodia compartida y no podía permitirlo, porque aún estaba amamantando a mi hija».
Tras abrirse el proceso por violencia de género el número de mujeres que deciden acogerse a su derecho a no declarar va en aumento. Hasta el segundo trimestre de 2024, según cifras del CGPJ, 4.603 mujeres decidieron no declarar, en lo que va de 2025, son 5.549 las que han seguido el mismo camino. Y esto se debe al temor a las represalias, a no tener medios para independizarse del agresor, a haber llegado a algún pacto para evitar disputas por las custodias de las y los hijos, o por no someterse a la violencia de un sistema que no da credibilidad a sus relatos y las revictimiza con informes judiciales y administrativos que normalmente les son desfavorables.

Entre 2024 y 2025 más de seis mil víctimas no obtuvieron medidas de protección
«A mí no me dieron medidas de protección, aunque mi agresor, el padre de mis hijas es militar y siempre iba armado. Cuando agredió a una de mis hijas y lo volví a denunciar aportando incluso un vídeo donde se veía como la jalonaba, porque no quería irse con él, el juez dijo que lo único que veía en las imágenes era a un padre haciendo que su hija le hiciera caso».
Hasta el segundo trimestre de 2024 las medidas de protección solicitadas en los juzgados de violencia de género fueron 10.604, de ellas, 3.503, es decir, el 33%, fueron denegadas. En el mismo periodo de 2025 han sido solicitadas 10.588 medidas de protección, es decir, menos 0.15% respecto al mismo periodo de 2024 y fueron denegadas 3.462, es decir, el 33%, igual que en el mismo periodo de 2024.
En cifras absolutas, en lo que va de 2025, 6.416 medidas de protección han sido otorgadas a mujeres españolas y 4.109 a mujeres extranjeras, lo cual refleja una gran desprotección de las víctimas, porque las mujeres españolas denunciantes son 28.958 y las migrantes 17.592. En el caso de las migrantes el panorama es más desolador porque, en la mayoría de casos, sin familia, sin regularización documental y sin recursos económicos, cuando denuncian quedan más vulnerables frente a su agresor.
Infancias desprotegidas
El vínculo entre padres e hijas e hijos siempre es defendido en el sistema patriarcal español. Aunque la ley considera que las y los hijos de las víctimas de violencia de género también son víctimas, emitir una orden de alejamiento entre padres y criaturas no es corriente. En lo que va de 2025, a pesar de las miles de denuncias de mujeres de las cuales muchas son madres y de que llevamos 3 criaturas asesinadas por sus padres o los compañeros de sus madres para dañarlas a ellas, a lo cual denominamos violencia vicaria, sólo se han otorgado 65 órdenes de protección penal y 42 de protección civil a menores de edad. Las órdenes penales se extienden hasta la sentencia del caso, mientras que las civiles tienen un tiempo más limitado. Paula, madre de dos niñas, es una de las denunciantes que no ha obtenido medidas de protección para sus hijas.
«Perdí la custodia de mis hijas tras separarme de su padre por maltrato y como ellas no querían verlo, él me denunció, me acusaron de falso síndrome de alienación parental, perdí su custodia y me dieron visitas en un punto de encuentro familiar. Después de un tiempo él agredió a mi hija mayor, a pesar del hematoma en el ojo el juez consideró que no se trataba de una agresión sino de un correctivo. Tiempo después mi hija grabó a su padre amenazándola de muerte y así la recupere, pero mi hija menor aún tiene que seguir viviendo con él».
Capas de victimización: mujer, migrante y racializada
Respecto a la nacionalidad de las denunciantes otro dato importante del CGPJ es que las denuncias de violencia de género presentadas por mujeres migrantes representan un 38% del total, mientras que según cifras de infoextranjería.org ellas son sólo el 11% de la población femenina del país. Y esta cifra siendo preocupante no es real, pues muchas mujeres migrantes al no tener regularizados sus documentos ni ingresos fijos no denuncian por miedo y por no quedarse sin un techo sobre sus cabezas, sufriendo así varias capas de victimización: por mujeres, por extranjeras y por racializadas, esto se deduce del informe MIGRADAS: mujeres migrantes ante la violencia de género según el cual el 63% de las mujeres migrantes ha sufrido violencia.
Las mujeres migrantes víctimas de violencia de género sufren, además, violencia institucional a través del arrancamiento de sus hijos por parte de la administración, pues cuando por vulnerabilidad económica se convierten en usuarias de servicios sociales sus vidas son auscultadas al milímetro y en muchos casos, en lugar de proporcionarles los medios para poder salir adelante con sus hijas e hijos, estos les son arrebatados por medio de órdenes de desamparo, perdiendo su tutela o guarda para ser ingresados en centros residenciales o entregados a familias de acogida. Eso fue lo que le paso a Ángela, una mujer china, pero también les pasa a muchas otras mujeres.
«Denuncié a mi marido por pegarme, me separé y me quedé sola con mis dos hijos, como necesitaba trabajar fui a servicios sociales a pedir ayuda para tener un lugar donde dejar a mis hijos unas horas. Allí me hicieron firmar un documento que ni sabía que era porque en ese momento sabía muy poco español y sólo hablado. Lo que había firmado era una guarda provisional que luego se convirtió en desamparo. A mis hijos se los llevaron, los separaron y los entregaron a dos familias de acogida diferentes, ya ni hablan nuestro idioma».
El fracaso es estructural: inventario de un sistema que castiga a las víctimas
El camino de la denuncia es, para miles de mujeres, un vía crucis institucional que, lejos de ofrecer protección impone nuevas capas de dolor. Los 5.549 silencios de las víctimas que no declaran, las órdenes de protección que no se emiten y los casos de mujeres migrantes y vulnerables a las que se les arrebata la maternidad por su empobrecimiento, por su falta de redes de apoyo, son la prueba más dolorosa de que por muchas leyes progresistas que tengamos estas se seguirán estrellando contra una judicatura que opera bajo la lógica del patriarcado: la lógica del poder y de la crueldad.
En esta fase apocalíptica del capital, como la llama la antropóloga feminista Rita Segato, la violencia machista queda retratada en el afán de “dueñidad”, de demostrar la posesión y disposición a voluntad del cuerpo de las mujeres y del fruto del mismo. El sistema al fallar en no proteger, confirma el señorío del agresor y mientras el foco se mantenga en el castigo, en la punición individual, en la falta de análisis y de concienciación, y no se centre en la deconstrucción del mandato de masculinidad, en la abolición del sistema de crueldad que impone el patriarcado; la justicia y las instituciones seguirán revictimizando a mujeres, infancias, disidencias y desobediencias. Mientras se siga creyendo en que la solución a la violencia de género es individual y se le deje el peso de su eliminación a la legislación, los feminicidios, agresiones y revictimización seguirán demostrando, cada día, el fracaso estructural y la carencia de empatía de nuestra sociedad.