En el marco de la 70 edición de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas, el Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña (CNDC) ha organizado el acto “Violencia institucional de género: luchas estructurales globales, experiencias y líneas estratégicas para reducirla”, para analizar la realidad actual, y los retos urgentes para transformar un sistema que perpetúa las desigualdades y la revictimización, especialmente de las personas migrantes o de los colectivos LGTBIQ+. Así como para compartir experiencias internacionales de activismo feminista.
Abrió el acto la consejera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña, Eva Menor, que ante el avance de la extrema derecha a nivel mundial y del clima negacionista sobre la violencia contra las mujeres, manifestó que se hace difícil trabajar, pero a pesar de esto afirmó que, desde Cataluña, “podemos estar satisfechas de todo el trabajo hecho. Tenemos un marco normativo de los mejores en derecho comparado” y con la reforma del 2023 se han ido incorporando conceptos tan necesarios como el de la violencia vicaria, pero “todavía nos queda mucho camino a recorrer.”
Respecto a la violencia institucional “lo primero que tenemos que hacer es ponernos deberes. Estamos creando grupos específicos para poderla trabajar y también estamos intentando mejorar la coordinación con otros departamentos, que es capital.”
Además, y para avanzar en esta línea, afirmó que hay que reducir la burocracia; mejorar mucho los procesos, sobre todo de indemnización o establecer formación especializada para mejorar la respuesta, entre otros.
Eugènia Bretones, vicepresidenta segunda del CNDC, puso en valor el trabajo que realiza cada año el Consejo en el marco de la CSW al tener el estatus consultivo del Comité Económico y Social (ECOSOC) de la ONU. “El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, la ausencia de este derecho humano constituye una forma de discriminación estructural, y la violencia institucional es una de estas formas de violencia de género porque está invisibilizada” Y añadió que Cataluña es una de las comunidades autónomas donde los juzgados deniegan más órdenes de protección.
Bretones presentó la ponente del acto Paula Salvo del Canto, directora de Corporación Humanas de Chile, una organización feminista con más de dos décadas de trabajo en investigación aplicada, incidencia política y monitorización institucional, desde donde producen evidencia para fortalecer las democracias desde una perspectiva de derechos humanos y de género.
Su intervención resulta, en estos momentos, particularmente pertinente, justo el día antes de la llegada al poder del ultraderechista, José Antonio Kast. Y como decía Salvo “nos encontramos en un contexto que combina avances significativos en materia de igualdad de género con nuevas tensiones políticas, sociales y culturales que ponen en cuestión la sostenibilidad de estos avances”.
En su ponencia “Democracia, derechos de las mujeres y acceso a la justicia en contextos de cambio político: evidencias desde Chile”, explicó cómo la desigualdad de género se cruza con desigualdades sociales y territoriales que agravan esta exclusión. “Las brechas no son solo económicas. Tienen consecuencias directas en la capacidad de las mujeres para ejercer otros derechos, incluyendo el acceso en la justicia, la protección frente a la violencia y la participación política”.
Justamente y en cuanto a la temática de este año de la CSW, que ha sido el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas, Salvo manifestó que este es uno de los nudos críticos para la igualdad de género, puesto que las mujeres enfrentan multitud de obstáculos a la hora de denunciar las violencias, sostener los procesos judiciales o conseguir respuestas adecuadas. “Existe una gran distancia entre la cantidad de mujeres que declaran haber sufrido violencia y el número de denuncias registradas oficialmente, lo cual demuestra que el problema no es solo la violencia, sino la falta de confianza en el sistema.”
Desafíos para el futuro
Ante la nueva situación política que enfrenta el país y también la región dónde, hoy en día, el principal desafío es evitar los retrocesos y consolidar democracias que garanticen la igualdad sustantiva, Salvo dijo que “sabemos que los derechos no están garantizados para siempre. Sabemos que las conquistas pueden retroceder. Pero también sabemos que la historia del movimiento feminista ha sido siempre una historia de persistencia, organización y capacidad de imaginar futuros diferentes.”
Por eso, el desafío es continuar produciendo evidencia y seguir defendiendo los derechos desde una perspectiva feminista, porque “cuando los derechos de las mujeres avanzan, la democracia avanza con ellos”.
Experiencias desde el Consejo
En la segunda parte del acto se presentaban algunas experiencias de violencia institucional en Cataluña, y fue moderada por Anna Rius, directora del Instituto de las Desigualdades y una de las coordinadoras del Grupo de Trabajo de Participación Internacional del Consejo, la cual fue presentando, una a una, las diferentes participantes, con la intención de establecer un contacto con las representantes institucionales para ir avanzando en este ámbito. Así, participaron las siguientes representantes de diferentes entidades que forman parte del CNDC:
Eugènia Bretones, en esta ocasión como representante del Consejo Nacional de Mujeres de España, se presentó como mujer con discapacidad orgánica, invisible que cursa con dolor, por ser reumática. Ha participado en un proyecto piloto donde pudieron evidenciar “que las discriminaciones operan en múltiplos ejes, no solo en el sector laboral, donde muchas mujeres son despedidas, sino también en el acceso a la sanidad, donde muchas están en lista de espera”. En su mayoría no pueden participar de la vida pública puesto que tiene un coste muy grande para su salud. “Es una violencia no normativa ya que no se ve, pero provoca una violencia sistémica. El dolor -que es lo que más incapacita- no ha sido sujeto político de la política pública”, añadió.
Entre otros, falta mucha sensibilización social; protocolos de violencia de género para mujeres con discapacidad; que se incorporen las pacientes en la política pública, salud sanitaria, y medidas de acompañamiento cuando sufren violencias. También hace falta formación específica en todos los cuerpos de servidores públicos. Y afirmó que la situación de las mujeres con discapacidad se entrecruza con la salud mental, lo cual es muy preocupante.
Liliana Aragón Castro, de la Asociación Hèlia, habló en nombre del Observatorio de las Violencias Institucionales Machistas (OVIM), que se presentó hace un año, y que está formado por más de 20 entidades del Estado español. Esta plataforma que pretende visibilizar estas violencias, lo hace a partir de la observancia y la recolección de datos a partir de formularios a mujeres, personas de su entorno, entidades o personas expertas y también de entrevistas personalizadas. “Es un observatorio pionero porque estos datos no existen en España, y queremos tener una posibilidad de interlocución real con las instituciones”.
Tienen un primer informe publicado, donde identifican que el sector judicial es el que más ejerce violencia institucional machista. “Estas violencias tienen un impacto real en las vidas de las mujeres y las niñas, niños y adolescentes, y también en las mujeres migradas”, ya que tienen una sobre representación que hay que señalar de manera diferenciada, al disponer de numerosos casos que afectan a mujeres migradas.
Desde el OVIM se está trabajando en 3 líneas prioritarias: Introducción de la perspectiva de la infancia y adolescencia en las violencias institucionales, donde se presentará un informe el mes de abril. Reconocimiento de buenas prácticas sobre el tema. Y establecer vínculos y alianzas con la red internacional de feminismos “puesto que sabemos que hay muchos observatorios feministas, sobre todo en el Sur Global”.
Sílvia Aldavert, de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, empezó su intervención diciendo que todas las vulneraciones de derechos sexuales y reproductivos son violencia institucional. Como entidad, también disponen de un observatorio que crearon en 2018, y puso en valor el hecho de que Cataluña disponga de mucha legislación vinculada a políticas feministas y de derechos sexuales y reproductivos, pero señalaba que “realmente la implementación no es efectiva, y esto lo que provoca es violencia institucional”.
Trabajan mucho desde el campo de las denuncias, puesto que reciben aproximadamente un centenar por año, y hablaba de casos paradigmáticos como son: jóvenes que se les pone implantes de anticoncepción sin su consentimiento en centros tutelados. Mujeres que tienen que esperar más de 10 o 15 días para poder acceder a un aborto, sobre todo, cuando te alejas del área metropolitana. Jóvenes a quienes se les niega la pastilla del día después, por ser jóvenes. O la falta que tienen de acceso a pruebas de infección de transmisión sexual.
Como recomendaciones dijo que faltan espacios de denuncia, accesibles y fáciles para la ciudadanía y que se pueda hacer seguimiento de estas denuncias. Recordó como las defensoras, donde se incluye también las servidoras públicas, están siendo atacadas, ahora, cómo, por ejemplo, las profesoras que hacen educación sexual en las escuelas, o las ginecólogas que están haciendo abortos. “Por eso necesitamos un marco de protección, de reconocimiento y de defensa de estos espacios”.
Nati Veraguas, de Dones amb Empenta, explicó que “la violencia institucional en el ámbito judicial es una de las violencias más flagrantes y antidemocráticas que hay en estos momentos en Cataluña”. Desde su experiencia de 30 años como abogada en la entidad decía que la judicatura obvia la legislación, y no una vez, sino muchas. “Hay una resistencia a la aplicación de la ley, y esta resistencia en un sistema democrático es una vulneración del mandato de la ciudadanía”.
Otro problema añadido es que, en muchos casos, el acceso a la justicia no se utiliza porque es una vivencia de violencia institucional hacia las mujeres, infantes y adolescentes. Por eso, los y las profesionales de la abogacía, de la psicología o del trabajo social aconsejan, en la mayoría de casos, no denunciar, por el maltrato que recibirán, y esto hará, también, que se tengan que destinar “un montón de recursos públicos para sostener el dolor y el malestar que causará”.
Veraguas afirmó que nos encontramos delante “de una reacción conservadora ideológica en contra del mandato de la ciudadanía”. Evidentemente, dentro del mundo de la judicatura hay también personas progresistas, pero quizás, lo que haría falta, ahora, seria empezar a plantearnos poner sanciones, porque “lo que no puede ser es que el acceso a la justicia no esté garantizado en nuestro país, y que continuemos con esta situación, con este maltrato, y con estas experiencias tan negativas de victimización”.
Montse Pineda, de Creación Positiva, habló de los derechos que se vulneran en Cataluña y que afectan a mujeres de origen migrante, así como a sus descendencias, y también sobre mujeres en movilidad. Y señalaba como todas formamos parte de la cadena global de curas y como debemos reflexionar sobre cuáles son los privilegios que tenemos.
En su intervención sobre mujeres y niñas en contexto de movilidad, dijo que, a pesar de que parece obvio, “estamos hablando de una expresión de violencia estructural, de la vulneración sistemática de los derechos humanos”. Recordó lo que dice el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO, por sus siglas en inglés) del Consejo de Europa, en su informe de 2024 sobre la vulneración de los derechos a las mujeres y niños en el contexto de violencia institucional en España, donde habla de las barreras administrativas y de cómo tienen efectos directos en las trayectorias vitales de las mujeres migradas.
Las políticas activas, tanto antirracistas como feministas, son muy necesarias y hay que entenderlas como un sistema local y global, y ponía el ejemplo de cómo “Europa está a punto de tener una exclusión sistemática y una persecución sistemática de las personas migradas.”
“Nuestra mirada, necesariamente, tiene que ver con un trabajo antirracista que tenemos que hacer nosotras, pero también en no contribuir con determinados debates como ha sido el tema del pañuelo, por ejemplo.” También habló de como garantizar una vida digna en Cataluña, en el Estado español y en el mundo a aquellas mujeres migradas que están en situación de prostitución.
Karina Gibert, de Mujeres Coeinf -Comisión de género del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña-, hacía hincapié en lo que ella manifestaba como “violencia institucional determinada por un contexto de masculinidad”, con las dificultades que tienen las mujeres que desarrollan su trabajo en el ámbito digital y que básicamente se sintetiza en que “tú eres la única mujer del equipo. Por lo tanto, tu voz siempre representa la disidencia, y todo lo que se decide de forma colegiada siempre está perdido. Y vas percibiendo, de manera muy agresiva, como nadie te escucha y como aquella tecnología no incorpora nunca la visión femenina”. La percepción, según Gibert, es que se tiene la sensación de que aquello que se está creando no recoge lo que realmente necesita la sociedad.
También hay una situación de vulneración en cuanto a mujeres que llevan muchos años formando a sus jefes. “Por ejemplo, llega un becario, tú lo formas y después de un año, él es el jefe. Y puedes estar así 15 años. Mientras ellos llegan a directores generales, ellas continúan siendo project manager”. Y señalaba que, a pesar de todo, muchas mujeres no son conscientes de esta vulneración que incorpora un factor de género.
Entre las necesidades detectadas, apuntó que hace falta más formación; indicadores con perspectiva de género y no hablar de leyes paritarias, sino de mínimo el 50%, para no limitar aquellos espacios donde pueda haber más mujeres.
Para cerrar el acto, la coordinadora del grupo de Participación Internacional Anna Rius, explicó que desde el grupo se recogerán, en un documento específico, todas las propuestas que se han hecho, y resaltaba que un elemento muy importante son las redes internacionales que tenemos, y de las cuales aprendemos, por eso dijo “es importante situar estos conocimientos en el centro de nuestras políticas”.
Este acto, el cual se había planteado con el apoyo de la Red Europea de Mujeres Periodistas, se tenía que haber hecho dentro de las instalaciones del Foro de ONG de NNUU, pero la carencia de espacios en esta edición, nos envió a la periferia, por eso, la participación presencial estuvo formada únicamente por las entidades del Consejo presentes en la 70 CSW.
