Nariman El Chamaa, periodista y activista. Presidenta de Donia for Sustainable Development (ONG)
Aunque ha transcurrido más de una década desde que el Líbano adoptó la Ley de Protección de las Mujeres y Otros Miembros de la Familia Víctimas de Violencia Doméstica, las mujeres del país siguen enfrentando múltiples formas de violencia que se extienden mucho más allá del ámbito privado del hogar. La violencia ha evolucionado hacia patrones complejos que se infiltran en los lugares de trabajo, la política, la educación y la vida económica. Ya no se limita al abuso físico visible, sino que está profundamente arraigada en la discriminación estructural, tanto en las leyes como en las prácticas. Afrontar este fenómeno se ha convertido en una batalla a largo plazo que requiere no solo una reforma legislativa, sino también un profundo cambio cultural.
En el ámbito legislativo, el Parlamento libanés aprobó la Ley 293 en 2014, un texto histórico destinado a tipificar como delito la violencia doméstica y otorgar a las mujeres el derecho a órdenes de protección. En 2020, las enmiendas ampliaron su alcance para incluir la violencia económica y psicológica. Sin embargo, su implementación sigue siendo deficiente. Las mujeres a menudo se enfrentan a obstáculos en las comisarías y los tribunales, donde la violencia aún se trata como un «asunto familiar» en lugar de un delito. Esta brecha entre la ley y la práctica se refleja en otras áreas legislativas. La ley contra el acoso sexual, aprobada en 2020, fue aclamada como un avance, pero sigue siendo limitada en su definición de violencia sexual y no proporciona mecanismos adecuados de protección en los lugares de trabajo. Los expertos legales han recalcado reiteradamente la necesidad de enmendar esta ley para garantizar salvaguardias integrales y recursos efectivos.
La violencia y la discriminación en el lugar de trabajo representan otra dimensión de la crisis. Las mujeres libanesas se enfrentan a barreras sistémicas para acceder a ascensos y puestos de liderazgo, y la desigualdad salarial sigue siendo alarmante. Los informes indican que, en promedio, las mujeres ganan un 22% menos que los hombres en el sector privado (Portal de Datos de Género del Banco Mundial). El despido arbitrario por razón de género es frecuente, mientras que el acoso y la presión psicológica en entornos laborales inseguros continúan menoscabando la dignidad de las mujeres. La propia legislación laboral excluye a amplios sectores de la fuerza laboral, en particular a quienes trabajan en la agricultura y el servicio doméstico, sectores donde las mujeres tienen una alta representación. Esta exclusión deja a miles de mujeres sin protección básica. En este contexto, resulta llamativo que Líbano no haya ratificado el Convenio núm. 190 (2019) de la Organización Internacional del Trabajo, que aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La ratificación proporcionaría un marco reconocido internacionalmente para proteger tanto a las trabajadoras como a los trabajadores, pero la voluntad política sigue siendo inexistente.
La discriminación también está arraigada en el sistema de seguridad social del Líbano, que restringe el acceso de las mujeres a ciertos beneficios en comparación con los hombres. Esto refleja una visión tradicional de las mujeres como dependientes en lugar de como contribuyentes independientes a la economía. La ley de nacionalidad agrava esta injusticia: a los hijos de madres libanesas casadas con hombres extranjeros se les niega la ciudadanía, una política ampliamente condenada por discriminatoria e injusta (Fundación Heinrich-Böll). Esta negación coloca a las mujeres en una situación de ciudadanía incompleta y afecta directamente la vida de sus familias, perpetuando ciclos de inseguridad y marginación.
El matrimonio infantil sigue siendo una de las formas más peligrosas de violencia contra las niñas. Líbano carece de una ley civil unificada que establezca una edad mínima para contraer matrimonio, dejando la cuestión en manos de los tribunales religiosos, que permiten el matrimonio infantil a diferentes edades. Un estudio nacional reveló que el 20% de los libaneses se casaron antes de los 18 años, y el 87% de ellos eran niñas. Resulta alarmante que el 10% de las niñas se casaran entre los 13 y los 15 años, registrándose las tasas más altas en Baalbek-Hermel y las más bajas en Beirut (Girls Not Brides – Lebanon). Estas cifras ponen de manifiesto la gravedad del problema. El matrimonio infantil expone a las niñas a graves riesgos para la salud, traumas psicológicos y exclusión social, además de privarlas de su derecho a la educación y a la participación en la vida pública.
Pero la violencia no se limita al ámbito familiar ni laboral. Las activistas y candidatas sufren violencia política y mediática a través de campañas de difamación y amenazas, como documenta un informe de 2023 de la Fundación Maharat (Informe de la Fundación Maharat). La violencia digital —que incluye el acoso y la extorsión en línea— se ha disparado con la expansión de las redes sociales, afectando por igual a periodistas, activistas y usuarias. La precariedad de los servicios de salud sexual y reproductiva coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, sobre todo en las zonas rurales. Mientras tanto, las mujeres soportan el peso del colapso económico y las crisis ambientales del Líbano, desde la pérdida de empleos hasta los desafíos relacionados con el cambio climático, y siguen estando infrarrepresentadas en los procesos de toma de decisiones. Las mujeres refugiadas, especialmente las sirias y palestinas, se enfrentan a formas complejas de violencia y discriminación, tanto en los campamentos como en el mercado laboral informal, lo que agrava aún más su situación.
El acceso a la justicia sigue siendo otro desafío crucial. Las mujeres a menudo dudan en presentar denuncias debido al alto costo de los procesos legales, la lentitud de los tribunales y el estigma asociado a la denuncia de abusos. Las instituciones educativas y las universidades también carecen de políticas claras para proteger a las estudiantes del acoso y la discriminación, lo que deja a las jóvenes en una situación de vulnerabilidad en espacios que deberían empoderarlas. Mientras tanto, los medios de comunicación continúan reforzando imágenes estereotipadas de las mujeres —ya sea como víctimas o como figuras comercializadas— perpetuando una cultura que normaliza la violencia y la desigualdad.
La sociedad civil ha intervenido para llenar el vacío dejado por el Estado. Organizaciones locales brindan apoyo legal y psicológico a las sobrevivientes, gestionan líneas telefónicas de denuncia de violencia y lanzan campañas de sensibilización para desafiar la cultura imperante que normaliza el abuso. Asimismo, abogan por la reforma de leyes discriminatorias y crean espacios seguros para mujeres y niñas, con el objetivo de reconstruir la confianza entre la ciudadanía y las instituciones. Estos esfuerzos, aunque con recursos limitados, se han convertido en el pilar de la protección y la defensa de los derechos en el Líbano.
Sin embargo, la ausencia de una estrategia nacional integral sigue siendo evidente. A diferencia de la Unión Europea, que ha adoptado la Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 y anima a los Estados miembros a implementar planes de acción nacionales, las iniciativas del Líbano siguen fragmentadas. El país ha ratificado la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), pero con reservas, y no ha firmado el Convenio de Estambul del Consejo de Europa (2011), el tratado internacional más completo sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer. Esta falta de alineación con los marcos internacionales debilita la capacidad del Líbano para proteger a las mujeres y socava su credibilidad en los foros internacionales.
